El inicio del fin de semana se empañó con el denominado «Vacunatorio VIP», lo que derivó en la renuncia de Ginés González García de la cartera sanitaria y la asunción de Carla Vizzotti en su reemplazo.
Además, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal de oficio contra el exfuncionario por «presunta comisión de delitos de acción pública». La presentación también incluye al periodista Horacio Verbitsky, “sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.
A poco de haber asumido, la nueva Ministra de Salud de la Nación desmintió, en declaraciones a Radio 10, la existencia del vacunatorio, aunque reconoció una situación «excepcional y desaprobada” con “un grupo muy reducido de personas».
Por otro lado, el presidente Alberto Fernández defendió la gestión del exfuncionario nacional, en su cuenta de Twitter, y consideró que “se montó un escenario mediático de escarnio público”. Además agregó que «los vacunados estaban en condiciones objetivas de recibir» las dosis.
Luego de las declaraciones, el Gobierno aprobó la compra de 20 millones de carnets para certificar las inmunizaciones contra el Covid-19, mediante la Resolución 7/2021 del Boletín Oficial.
Según la resolución, la intención es “contar con un documento personal e intransferible que permita certificar la vacunación y que verifique que se ha completado el esquema adecuado, colaborando en la disminución de errores programáticos y facilitando el registro”.
En este contexto, el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, aseguró que en la Argentina se está haciendo una vacunación testimonial, no epidemiológica. De hecho, señaló que recibieron denuncias de todo el país sobre una distribución clientelar. Por esta razón, insistió con el cambio de metodología para hacerle frente a la pandemia.
Para el referente de los abuelos, deben renunciar los funcionarios -nacionales, provinciales o municipales- que permitieron o autorizaron la vacunación por fuera del protocolo, o se inmunizaron ellos mismos. Es que «cada vacuna indebidamente aplicada, es una condena a muerte a un adulto mayor», sostuvo en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
Tampoco apoyó la vacunación para su promoción, ya que esto se hace con el permiso de utilización por parte de la ANMAT. «No porque un ministro, viceministro o funcionario de 40 años, que encima no los conoce ni la madre, vayan a poner el brazo y se vacunen heroicamente», explicó. De este modo, aseveró que hubo mucho más show que vacunas.
