La Legislatura porteña inició el debate para la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Jorge Macri y acompañado por otras propuestas legislativas, busca administrar la custodia de detenidos, imputados y condenados en el ámbito local, en medio de una crisis carcelaria con superpoblación de presos en las alcaidías. La iniciativa apunta a regular cómo se ejecutan las penas dentro del distrito, un paso pendiente en la autonomía judicial de la Ciudad. La discusión también se enmarca en las negociaciones con el gobierno nacional por el traspaso de competencias vinculadas al encierro de personas condenadas por delitos no federales.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del gobierno porteño, aclaró que aún no hay un proyecto cerrado, sino que se trabaja en construir un texto consensuado entre las distintas fuerzas. El funcionario destacó que el sistema en debate busca combinar tres vectores: seguridad en la pena, resocialización para reducir la reincidencia e inclusión de la víctima en el proceso. Además, señaló que, si bien hay propuestas que permiten la participación del sector privado en infraestructura y servicios, como alimentación o educación, no hay acuerdo para delegar en privados las funciones de seguridad ni de tratamiento penitenciario.

Respecto al acuerdo firmado en noviembre entre la Ciudad y la Nación, Halperín explicó que no se trata aún de un traspaso efectivo, sino de una apertura al diálogo. Denunció que actualmente hay más de 2.500 personas detenidas en comisarías porteñas debido a que el Servicio Penitenciario Federal se niega a recibirlas, lo cual contraviene la legislación vigente. “El traspaso debe hacerse como marca la Constitución: con leyes, acuerdos y recursos suficientes. No se trata de trasladar presos, sino de transferir competencias”, subrayó el funcionario.