El caso de Adrián Continiello Farelo será el primer caso resuelto en un juicio por jurados antes de que finalice el año. Al menos eso es lo que se ha propuesto la magistrada Carla Cavaliere.
El joven de 32 años se preparaba para salir a jugar a la pelota cuando el departamento se desmoronó, a causa de la excavación que estaban realizando en el terreno lindero, el 1 de abril de 2019, en el barrio San Cristóbal.
Desde ese entonces su mamá, Norma Farelo, viene reclamando justicia y denunciando que «hay un poder político, ya que el fideicomiso es de Caputo S.A.».
Este mes se dieron a conocer los nombres y rostros de los imputados en la causa de su hijo y argumenta: «Hoy pueden mostrar las caras de los responsables, porque siempre nos mantuvimos a derecho. Sabemos que el juicio será este año y que será por jurados».
El próximo 26 de agosto, en Suipacha 150 a las 11 h, será la primera de tres audiencias previas al juicio.
En adelante se elegirán a los jurados, ciudadanos de entre 18 y 75 años. Serán 12 quienes definirán si los acusados son “no culpables”, “no culpables por inimputabilidad” o “culpables”. Su manifestación debe ser unánime.
El juicio por jurados está contemplado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996). Pero su implementación se demoró hasta septiembre de 2021, cuando la Legislatura porteña sancionó la Ley N.° 6451 que incorporó el sistema de juzgamiento penal de Juicio por Jurados.
Según se desprende de la causa judicial, las firmas implicadas en la obra de excavación y submuración en Pavón 3062 son la constructora Lybster S.A. y Demoliciones Mitre S.A. El fideicomiso Caputo Hermanos S.A. ordenó los trabajos.
Cabe destacar que la obra fue denunciada por el gremio UOCRA semanas antes del siniestro y que también la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había hecho señalamientos, pero no la clausuró.
Serán enjuiciados Valeria Martini, arquitecta y jefa de obra; Ricardo Nicolson, ingeniero a cargo y uno de los directores de Lybster; Eduardo Agustín Aguaviva, director de la obra por parte del fideicomiso Caputo Hermanos S.A., que encargó los trabajos.
También están imputados en la causa, Norma Eugenia Mendes Simoes, presidenta de Lybster; Ramiro Ramos, arquitecto y representante técnico de la empresa; Sabrina Lorena Blands, responsable de Seguridad e Higiene de la obra; Osvaldo Becerra, arquitecto de la firma Demoliciones Mitre S.A.; Guido Eduardo Tirendi, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del GCBA.
