La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó, éste jueves, dos leyes de alivio fiscal que buscan paliar la crisis que atraviesan sanatorios de gestión privada y los comercios de gastronomía afectados por las últimas restricciones dispuestas por la emergencia sanitaria.
Una de las normas sancionadas fija que se exima del pago de los impuestos sobre Ingresos Brutos (IIBB) por servicios de internación a los efectores de salud del sector privado (clínicas, sanatorios y similares), correspondiente a los anticipos de mayo y junio de 2021. Aunque cabe aclarar que no están comprendidos en este beneficio los institutos de salud mental.
En este caso el texto fue impulasado por la ex Ministra de Salud y actual diputada, Ana María Bou Pérez, acompañada por Diego García Vilas, Claudio Romero (VJ), Patricia Vischi (UCR) y Roy Cortina (PS). El proyecto fue tratado y despachado por la Comisión de Presupuesto, que preside Claudio Romero Romero quien expresó que «esta ley viene a aportarle en cada mes unos 100 millones de pesos al sector».
El diputado también hizo referencia a la medida para el ramo gastronómico, asegurando que «había unos 10 mil locales prepandemia, 150 mil personas trabajaban en la gastronomía y no sabemos al fin de la pandemia como va a terminar». Romero continuó explicando que «hoy es un sector que sufrió la pérdida de su aforo interno. Los porteños aún no están acostumbrados a tomar el espacio público».
En este caso, en base a un proyecto de Marcelo Guouman (UCR), Facundo Del Gaiso, Matías López, Romero, Agustín Forchieri (VJ) y Cortina, se exime del pago del gravamen de IIBB durante mayo, junio y julio 2021 a los comercios de venta o servicios de alimentos y bebidas, ya fuere con atención en mesas, en el mostrador, al paso, “fastfood” o expendio de helados. Incluye los rubros catalogados en el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) con los siguientes códigos: 561011, 561012, 561013, 561014, 561019 y 561030.
El legislador Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, aclaró que con ésta última ley, el costo fiscal que absorbe la Ciudad es de 500 millones de pesos.
