En la Argentina, la independencia judicial enfrenta serias tensiones. Un informe realizado por Ruido y Connectas, con la supervisión de Chequeado, reveló que el 64% de los jueces de las Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos previos con el poder político, ya sea como ministros, asesores o incluso vicegobernadores. De ellos, 76 sobre un total de 88 fueron nombrados por los mismos gobiernos para los que trabajaron. Este entramado, que incluye casos de designaciones familiares, plantea interrogantes sobre la credibilidad del sistema judicial y la vigencia del principio republicano de división de poderes.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ezequiel Soria, periodista de ElRuido.org, sostuvo que estos hallazgos muestran que lo que parecía una sospecha aislada se transformó en una regla general. “Uno se pregunta hasta qué punto es ético que un gobernador designe a un familiar directo o a un abogado personal en la Corte Suprema provincial. Si bien los mecanismos de nombramiento son legítimos, el problema es que afectan la percepción de independencia y profundizan la desconfianza ciudadana en la justicia, que en Argentina apenas alcanza el 22%”, explicó. Según el informe, provincias como San Luis, San Juan y La Rioja tienen cortes compuestas por un 100% de exfuncionarios, mientras que Santiago del Estero aparece como una excepción sin antecedentes en el Ejecutivo.
El estudio también destacó la falta de transparencia en el acceso a la información judicial: pocas cortes provinciales respondieron los pedidos formales y, en muchos casos, los sitios web oficiales carecen de currículums o datos básicos sobre sus miembros. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tres de los cinco integrantes del Tribunal Superior tuvieron cargos políticos previos, y el distrito no respondió a las solicitudes de información. Para Soria, esta opacidad no solo refuerza la sospecha de vínculos indebidos, sino que debilita la confianza pública en un Poder Judicial que debería ser la garantía máxima de imparcialidad.
